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Full text of "El desacuerdo y el conflicto entre Bolivia y el Paraguay;"

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UOSÉ AGUSRRE ACHÁ 



EL DESACUERDO Y EL CONFLICTO 



E N T R E 



BOLIVIA V 



PARAGUAY 




EXPOSICION : SINTETICA 




Y LA APRECIACIÓN MUNDIAL 




LA PAZ - BOLIVIA 

l-l-ERES "RENACIMIENTO" 



EL DESACUERDO Y EL CONFLICTO 

ENTRE 

BOLIVIA Y EL PARAGUAY 

EXPOSICIÓN SINTÉTICA PARA LA PRENSA 
EXTRANJERA Y LA APRECIACION MUNDIAL 

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No nos propfliieniQS- •,» »-•':•»• \m úe*** • ■ -■■ '.<-•• 
vieja cuestión de límites pendiente entre las Repúblicas 
de Bolivia y el Paraguay. Se han escrito ya muchos, 
en una y otra parte: unas veces en forma de memorán- 
dums diplomáticos; otras, en la de artículos de contro- 
versia periodística; y, finalmente, de un modo mejor y 
más completo, en varios y voluminosos libros, acompa- 
ñados de facsímiles de cédulas reales y ordenanzas de 
intendentes, y de mapas del tiempo colonial. 

Nuestra exclusiva tendencia es sintetizar los argu- 
mentos producidos dentro del litigio internacional, va- 
liéndonos de una exposición breve y positiva, que armo- 
nice la trascendencia del asunto, con el laconismo que 
el lector exige hoy a la información diaria, para pres- 
tarle su atención. 

Lamentamos, desde luego, que el criterio mundial se 
haya desviado sensiblemente del acierto, al considerar a 
priori que en el diferendo boliviano-paraguayo, toda la 
razón debe encontrarse de parte del Estado débil. No 
de otro modo se juzgan, casi siempre, las contenciones 
en que actúan dos fuerzas desiguales : — "el Paraguay, 
con sus 800,000 habitantes y sin otros recursos que un 
presupuesto de ingresos de £ 1.000,000, puede ser, indu- 
dablemente, la víctima de las imposiciones y abusos de 
una nación que, como Bolivia, es cuatro veces superior 
a su vecino". 

No hay, sinembargo, nada más falso ni antojadizo. 

Las jurisdicciones territoriales de los países de ori- 
gen español, que son o deben ser, precisamente, las que 
la administración y el gobierno colonial tenía estableci- 
das en el momento inicial de la emancipación americana, 
constituyen la única y legítima heredad de cada uno de 
los Estados. He aquí el principio del uti possidetis juris 
de 1810, que uniformemente, sin discrepancia alguna, es 
y ha sido siempre invocado en todas las cuestiones de 



uc las nuevas entidades políticas del Continente; y 
guna de éstas, pudo alegar jamás la desproporcionad 
división del dominio español, ni las proyecciones futuras 
de la ubicación geográfica de alguno de los lotes o de 
las parcelas. De otro modo, los pequeños Estados que 
se establecieron en Centro América, en inmediato con- 
tacto con el inmenso territorio de Méjico, o la República 
del Uruguay, que fué ubicada fatal y geográficamente 
frente a la República Argentina, habrían aspirado, algu- 
na vez, a expandirse de modo gradual, a expensas de 
las tierras aledañas, o a imponer su dominio sobre la 
opuesta y ajena orilla del río divisorio. Así lo pretende 
hoy, sinembargo, la República del Paraguay! 

Claro está que el uti possidetis juris de 1810, fué 
precedido de un largo proceso de ensayos, experiencias, 
reformas y modificaciones, impuestos por el propio y 
diverso desarrollo de los distritos, o por la mayor o me- 
nor eficiencia de las diferentes sedes administrativas de 
la época colonial. Y es por esta razón, que en las con- 
troversias de frontera que se suscitan a menudo entre 
los países hispano-americanos, se juzga siempre indis- 
pensable considerar toda esa gestación, cotejando al mis- 
mo tiempo los títulos antagónicos y los que, procedentes 
de una sola de las partes, resultan muchas veces contra- 
dictorios. Pero, por intrincada que sea esta labor, ella 
no llega jamás a obscurecer el criterio imparcial, ni a 
alterar la inconmovible base del derecho, ni, mucho me- 
nos, a obstruir la legítima ruta de la justa reintegración. 

Bolivia fué constituida sobre la jurisdicción y domi- 
nio de la Real Audiencia de Charcas ; y ésta, en vísperas 
del reemplazo definitivo del régimen español, se encon- 
traba dentro del mismo derecho de posesión que las Pro- 
vincias del Río de la Plata y Nueva Granada, que las 
Presidencias de Chile, Quito y Venezuela, y que las 
demás jurisdicciones coloniales establecidas ñor la Co- 



2 



Archivo de la Nación /Argenti'na 




roña de España y regidas por el Consejo de Indias. 
Nadie atentó ni debía posteriormente atentar contra la 
integridad de su patrimonio. Sostener lo contrario, sería 
dejar fundada en el Continente Americano, una premisa 
acomodaticia, capaz de constituir mañana, no ya la inter- 
pretación capciosa del uti possidetis juris de 1810, sino 
la potestad de expansión geográfica y, con esta última, 
la admisión de los hechos sucesivamente consumados 
por la fuerza. Sería, en suma, consagrar el derecho de 



la conquista! ¡Loado sea Dios, si se excluye para 

siempre de esta familia de naciones hermanas, tan fu- 
nesta retrospectividad ! 

La Leal Audiencia de Charcas, disgregada de la de 
Lima, ya qúe junto con esta última abarcaba la totalidad 
de los dominios españoles hacia el Atlántico, pasó como 
entidad autónoma, a integrar desde el año 1777 el Virrei- 
nato de La Plata o Buenos Aires. Su sede, la actual 



Bolivia-Paraguay 



3 



ciudad de Sucre, Capital de Bolivia, llamada sucesiva- 
mente : La Plata, Charcas y Chuquisaca, extendía su ju- 
risdicción sobre las Intendencias de Potosí, La Paz y 
Cochabamba y las Provincias de Chiquitos y Mojos. La 
Presidencia de Charcas comprendía directamente el ac- 
tual Departamento de Chuquisaca y el de Oruro ; la In- 
tendencia de Potosí, incluía en su jurisdicción presente, 
la parte oriental de Tarija, todo el litoral de Atacama, 
limitado po,r el Loa al Norte, y el Paposo al Sud; La 
Paz encerraba en su territorio el Departamento peruano 
de Puno ; y los límites de Cochabamba llegaban allende 
la ciudad de Santa Cruz, confinando con la Provincia 
de Mojos por el Norte, y la de Chiquitos, por el Oriente 
y Sudeste. LA PROVINCIA DE CHIQUITOS SE 
EXTENDIA HASTA LA ORILLA OCCIDENTAL 
DEL RIO PARAGUAY Y LA SEPTENTRIONAL 
DEL RIO BERMEJO. 

El mapa que se acompaña a esta relación sintética, 
y que "con arreglo a la Real Ordenanza de 28 de enero 
de 1782" fué confeccionado para el "Archivo de la Na- 
ción Argentina" sobre la "Organización Política y Ad- 
ministrativa del Virreinato de Buenos Aires en inten- 
dencias de Ejército y Provincias", deja constancia clara 
de todos los asertos anteriores y demuestra que, al frente 
de la Provincia de Chiquitos, que dependía en lo político 
de la Presidencia de Charcas, y en lo religioso del Obis- 
pado de Santa Cruz, la Provincia del Paraguay o del 
Guaira, que hoy constituye junto con una parte de los 
"¡o pueblos de las Misiones Guaranís" el actual y legí- 
timo territorio de aquella República, no abarcaba la orilla 
derecha del río de ese nombre; y si, posteriormente y 
en virtud de necesidades de defensa contra las agresio- 
nes de las tribus salvajes situadas en la jurisdicción 
extraña, tuya precisión de establecer pjinlxis .aviiiiziUJjSí 
de vigilancia o "guardas", como dicen textualmente mu- 
chos de los documentos cartográficos paraguayos, no fué 
más que por la tolerancia recíproca de las parcialidades 
coloniales homogéneas; por el bien de la seguridad 
común ; o, finalmente, en beneficio de la acción conver- 
gente de todos los dominios hacia el soberano español. 
Una causa análoga — la defensa contra las invasiones 
portuguesas — fué la que determinó también, en aquellos 
tiempos, la fundación del lejano Fuerte Borbón (hoy 
Fuerte Olimpo), sobre la margen del río, opuesta a la 
de la Provincia del Paraguay. 

Adviértase que aquella delimitación de jurisdiccio J 
nes, establecida en 1782, subsistió durante dieciocho años 
sin modificación alguna, hasta 1810, año que marca, como 
es sabido, con aceptación unánime, el uti possidetis juris 
de la gran doctrina americana. Ningún subterfugio, nin- 
guna argucia diplomática, pueden prevalecer ante la evi- 
dencia de esta demostración. 

Y en cuanto al proceso seguido por las parcialidades 
del dominio español, hasta el momento en que aparecen, 
clara y definidamente, dentro de los límites con que la 
iniciación de la guerra emancipadora las sorprende en 
1810, no queremos cansar la atención pública, obligán- 
dola a engolfarse en el Cedulario Real, en la Recopila- 
ción de Indias, en los amarillentos infolios y en los casi 
indescifrables mapas de la época colonial. Nos bastará 
sólo enumerar sumariamente algunos de los actos de la 
potestad soberana del Rey y Señor de estas tierras, en 
el largo período de trescientos años. 

En 1561, la Real Provisión de 22 de mayo fijó el 
distrito y jurisdicción de la Audiencia de La Plata (Char- 
cas) dentro de un perímetro circular cuyo radio era de 
cien leguas españolas alrededor de la sede audiencial. 
Este ámbito administrativo era, sin duda, enormemente 



lato, teniendo en cuenta los conocimientos geográficos 
de aquel tiempo; pues, dentro de él podía caber más de 
la superficie total de la península ibérica (España y Por- 
tugal juntos). En 1563, la Real Cédula de 29 de agosto 
extiende esa delimitación inicial, tan contraria a los acci- 
dentes geográficos y a las líneas arcifinias del Continente, 
e incluye en la jurisdicción de Charcas, la Gobernación 
de Tucumán, Juries, Diaguitas, la Provincia de Mojos 
y Chunchos y las tierras de Andrés Manso y 'Ñuflo de 
Chávez, que son, precisamente, el Chaco Central y el 
Boreal, según consta de una larga y minuciosa docu- 
mentación. El mismo año 1563, por Real Cédula de 10 
de diciembre, y de perfecto acuerdo con la anterior dis- 
posición de la Corona, se encarga a la Audiencia el des- 
cubrimiento y la navegación del Pilcomayo, cuya des- 
embocadura está al frente "de las casas donde están 
poblando los españoles del río de La Plata" (Asunción). 
En 1743, después de "180 años de no alterado dominio, 
la Real Cédula de 17 de diciembre declaró que las misio- 
nes de Chiquitos comprendían todas las naciones o par- 
cialidades de indios que había ENTRE LOS RIOS 
PILCOMAYO Y PARAGUAY, desde ias vecindades 
de Santa Cruz de la Sierra, y ordena que UN MINIS- 
TRO DE LA AUDIENCIA DE CHARCAS pase 
a reconocerlos y numerarlos señalándoles el tributo, signo 
de vasallaje. Este acto del Soberano español, fué moti- 
vado por una solicitud de los Jesuitas que, habiendo ini- 
ciado en 1692 la conquista espiritual de los pobladores 
aborígenes, manifestaba la necesidad de que un Ministro 
de la Audiencia de Charcas señalase el tributo real a 
esos vasallos comprendidos entre el Pilcomayo y el Para- 
guay y las vecindades de Santa Cruz de la Sierra "a 
cuya Gobernación y Obispado se juzgaban pertenecer". 
(Esta jurisdicción se extenció poco después hasta el río 
Bermejo). En 1777, año en que se celebró el conocido 

creó la Gobernación Militar de Chiquitos, contigua a la 
de Santa Cruz, con el propósito especial de contener las 
invasiones portuguesas y de "facilitar la reducción del 
Chaco", concordando este acto con la Real Cédula de 
14 de junio del mismo año que, considerando la enorme 
distancia en que se encontraba el Virrey de Lima para 
la oportuna defensa y conservación de esta parte de los 
dominios españoles, resolvió que subsistiera el Virrey, 
Gobernador y Capitán General "de las Provincias de 
Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz 
de la Sierra (o Cochabamba), Charcas y de todos los co- 
rregimientos, pueblos y territorios a que se extiende la 
jurisdicción de aquella Audiencia" . Finalmente, cinco 
años más tarde, la Real Ordenanza de 28 de enero de 
1782, cuyas disposiciones sobre la organización política 
y administrativa del Virreinato de Buenos Aires, hasta 
el uti possidetis de 1810, se encuentran gráficamente ex- 
puestas en el mapa que insertamos en la presente publi- 
cación, cierra el período colonial o de gestación de las 
entidades políticas de la América Española; fundadas, en 
forma, inconmovible, sobre las jurisdicciones del régimen 
anterior. 

Y para ilustrar la fiel interpretación de las anterio- 
res disposiciones del Soberano español, vamos o enume- 
rar someramente las autorizadas opiniones de los geó- 
grafos, de los exploradores y de los funcionarois de com- 
petencia reconocida, que han dejado evidencia de que la 
Provincia del Paraguay o del Guairá, nunca tuvo derecho 
a la orilla occidental del río de su nombre: — El Oidor 
Juan de Matienzo (1573); los Historiadores Jesuitas 
Bautista y Guevara, así como los cronistas Funes y Me- 
dinaceli, refiriéndose a le Real Cédula de 1620 ; posterior- 
mente los Padres Conversores Fernández, Solís, Techo, 
Rico, Cañete, el Deán Funes y el Arzobispo -Liñán ; los 
Demarcadores de Límites Aguirre, Azara, Bueno, César, 
Flores y otros que envió el Monarca a la América del 



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El Desacuerdo y el Conflicto 



Sud; el Visitador General de la Real Hacienda de las 
Provincias del Virreinato de La Plata, Don Diego de 
la Vega (1803) ; la H. Junta del Paraguay, que en 1812 
afirmaba que no tenía dominio en las tierras del Chaco ; 
el Cabildo de la Asunción, que en 1793, en 1812 y en 
1813 decía, sucesivamente, que las expediciones enviadas 
por él contra los bárbaros, jamás pudieron apartarse de 
las márgenes del río, que nada podía informar sobre 
ese territorio y que "no tenía dominio en esa región" ; el 
abogado paraguayo doctor Mariano Molas, que afirmaba 
que el territorio de su patria se encuentra entre los ríos 
Paraná y Paraguay ; el estadista argentino don Juan Bau- 
tista Alberdi, que indicaba el límite oriental de Bolivia 
en las márgenes de aquel mismo río ; y otras personali- 
dades respetables y fidedignas, tanto en los tiempos de la 
Colonia, como en los de la República, que confirman, sin 
discrepancia, el hecho de que el límite occidental de la 
Provincia y hoy Estado independiente del Paraguay, fué 
y es el río de su nombre. 

Hay otras consideraciones que pueden hacerse en el 
simple campo de la reflexión y con carácter meramente 
especulativo. Se alega, por ejemplo, que el Paraguay, 
sin el Chaco, tendría muy escaso territorio para consti- 
tuir un Estado de superficie proporcionada a la de sus 
vecinos ; pero es necesario tomar en cuenta que, al frente 
de la Audiencia de Charcas o La Plata, — como se llamó 
primitivamente la actual capital de Bolivia, compartiendo 
después con Buenos Aires la administración colonial y 
dando su nombre a todo el Virreinato y especialmente 
al río en que convergen las aguas fluviales de una gran 
parte de Sud América — la República del Paraguay fué 
sólo una parcela, un lote sobrante de las Provincias del 
Río de la Plata, como lo es la República del Uruguay, 
como lo quiso ser la Provincia argentina de Corrientes, 
autónoma y casi independíente en otro tiempo "(1845^ 
1847), y como lo fué la de Buenos Aires (1853-1859). 
Se alega, también, que no es posible suponer que la juris- 
dicción de la ciudad de Asunción no hubiera pasado 
jamás a la otra banda del río Paraguay, y no se consi- 
dera que el soberano español, como cualquier otro posee- 
dor de un extenso dominio, hubo preferido siempre optar 
por una línea arcifínia, puesta por la naturaleza misma, 
y no por una línea geodésica que en aquellos tiempos era 
de casi imposible amojonamiento en medio de un terri- 
torio erial e inclemente, que se disputaban las tribus 
nómades, bajo la autoridad conciliadora de los misione- 
ros de Chiquitos y la suprema protección de los Oidores 
de Charcas. Considérese que Belgrado, la capital de Yu- 
goeslavia, situada a la orilla derecha del Danubio, nada 
tiene que ver con las tierras húngaras ribereñas del otro 
lado. 



Examinemos, ahora, el aspecto de la cuestión de 
límites en el período republicano. 



La Nación Paraguaya, en su transición del uno al 
otro sistema de gobierno, lo hizo dentro del mismo terri- 
torio de la antigua Provincia. Su jurisdicción, como ya 
lo hemos demostrado, no pasaba en 1810, ni debió pasar 
posteriormente, en forma alguna, ni a título de vecino 
inmediato, a la orilla opuesta. Cualquiera de los actos 
de dominio que pudo ejercitar a merced de esa proxi- 
midad, constituye un asalto, una invasión a la heredad 



ajena. Así lo comprendieron, seguramente, sus primeros 
hombres públicos y los geógrafos que estudiaron y des- 
cribieron gráficamente aquel territorio mesopotámico, en- 
cerrado en los lindes arcifinios de los ríos; y una prueba 
de ello es que tal situación no había cambiado un solo 
instante hasta 1865, en que fué iniciada la guerra que 
sostuvo contra el Brasil, la Argentina y el Uruguay. 
Vamos a comprobarlo : — 

El tratado "secreto" que los mencionados países 
suscribieron en Buenos Aires, el i.° de mayo de 1865, 
para hacer la guerra al Paraguay, fué comunicado al 
Foreign Office de Londres, dos meses después, por el 
Ministro en Montevideo, Mr. Lettson, y publicado en 
inglés por el Gobierno Británico, de conformidad con 
las prácticas legislativas de aquella potencia. Debido a 
esta circunstancia, la República del Paraguay tuvo noti- 
cia segura de él y lo hizo público en Europa, consiguiendo 
de ese modo, no sólo atraerse las simpatías del mundo, 
sino, también, promover la protesta de la prensa extran- 
jera contra los despiadados propósitos de la triple alianza. 
Un año después, en abril de 1866, cuando arreciaba ya 
la lucha, los agentes del Gobierno paraguayo dieron a 
la circulación el folleto titulado : "Tratado de Alianza 
contra el Paraguay" , execrando ante la faz de todas las 
naciones aquella triple ofensiva. La edición fué hecha 
en la Imprenta de Dubuisson et Cié. — J, Rué Coq- 
Héron, París",- figurando en ella el mapa que reproduci- 
mos en este artículo con su propia y textual leyenda : — 




(TI original esta impreso en azul y rojo en la Imp Janson r Antoine-Dubois 6, Par/s.) 



5 




vi*,,.; 



"Paraguay de los Paraguayos y de los Geógrafos" (todo 
el dibujo destacado) y "Paraguay de los Aliados" (la 
parte' más obscura). 

He aquí, pues, una confesión de parte: las extremas 
exigencias del terrateniente agredido y la reducción que 
pretendían los vecinos colindantes por el Norte y el Sud- 
este ; y, dentro de aquellas máximas expansiones, ni un 
solo palmo de territorio al Occidente (el Chaco Boli- 
viano). ¿Puede caber ahora, dentro de la lógica, un ar- 
gumento siquiera, en favor de las posteriores pretensio- 
nes del Paraguay sobre la orilla derecha de aquel río?. . . 

Y, consecuente con esta determinación precisa del 
territorio paraguayo, aparece siete años después, en 1873, 
el gran mapa mural, en escala de 1 por 335,000, que el 
Gobierno del Paraguay distribuyó profusamente en los 
países de América y en los de ultramar, y cuya leyenda 
dice : — "REP UBLIQ UE DU PA RA G UA Y. — Carie , 
origínale faite de 1846- 1858 par des procedées trigono- 
metriques ct astronomiques. — Dedié au H onorahle Con- 
grés Legislative de la N'ation, par le Colonel du G^nie 
Francois Wisner de Morgenstern, Membre Correspondan!: 
de la Societé Imperial et Roy al Geographique d'Austriche 
et Membre Honorairc de cetic de Berlín, etc., ele.'' 

La copia fotográfica de este documento manifiesta, 
con claridad meridiana, que al concluir la desgraciada 
guerra, y no obstante las dos desmembraciones territo- 




ríales sufridas por el Paraguay hacia el Norte y el Sud- 
este, el Chaco Boreal o Boliviano seguía excluido de 
las ambiciones paraguayas. Allá, en los sitios que repre- 
sentan las regiones que pasaron, como efecto de la gue- 
rra, a la Argentina y al Brasil, queda sólo como un 

recuerdo, el letrero siguiente : — "Territorio paraguayo 
en la izquierda del Paraná ocupado por la Confederación 
Argentina" y este otro : — "Desde el río Iguazú princi- 
pian las posesiones Brasileras en la izquierda del Alio 
Paraná". Y en el Chaco Central, entre el Bermejo y el 
Pilcomayo, aparece por primera vez, dentro de los docu- 
mentos cartográficos que compulsamos, una aspiración, 
un derecho espectaticio hacia el Occidente, con otra ins- 
cripción que dice : — "Chaco Paraguayo ocupado por 
fuerzas argentinas" . Pero esta leyenda, que supone, desde 
luego, un avance de las aspiraciones paraguayas hacia 
el Poniente del río, no hace otra cosa que confirmar el 
reconocimiento de los derechos de Bolivia sobre el Chaco 
Boreal, que comienza al Norte del Pilcomayo ; pues no 
es posible suponer que, a través de tres siglos y medio 
de decisiones reales, de reconocimientos y delimitaciones 
geográficas, de actividades exploradoras, de constante 
tránsito lluvial y de operaciones bélicas, hubiera apare- 
cido allí un res-nidlius. ¿ Era, acaso, aquel territorio una 
prolongación caprichosa del Estado brasileño de Matto- 
grosso ? ■ ¿ O era, como fué siempre y lo es ahora, una 
parte integrante de Bolivia? 



6 




lo que íué e! Paraguay 



La respuesta puede darla, por nosotros, el notable 
escritor paraguayo don Mariano Molas, que en su obra 
postuma intitulada: — "Descripción Histórica de la anti- 
gua Provincia del Paraguay" , publicada en 1865, dice 
textualmente: — "Por el occidente no hay linde asignado, 
y como hasta ahora (el Paraguay) carece de posesiones 
radicales en el Chaco, se puede tenerse por actual límite 
el río Paraguay". 

Convengamos en que la aniquiladora liquidación de 
la guerra, en vez de encaminar la acción de la República.,, 
del Paraguay hacia la reconquista de sus territorios sep- 
tentrionales y de los que, allende el Paraná, dejara en 
poder de la Argentina, la dirigió, desde ese momento, 
hacia la impunidad del despojo ele los territorios de Oc- 
cidente. Aquí, al frente mismo de la capital y de los 
principales centros urbanos de la casi agotada nación, 
yacían las semiabandonadas llanuras de los Chacos Cen- 
tral y Boreal, como una promesa de expansión compen- 
sadora. La. Argentina ya abandonaría el primero, y, en 
cuanto a Bolivia, ¿ qué importaba que este tranquilo ve- 
cino se hubiera condolido del Paraguay, hasta prestarle 
asistencia positiva durante la guerra? El Chaco Boli- 
viano, apesar de todo, debía compensar el desmedro de 
las otras fronteras ! 

Y ocurrió que, en 1876, seis años después de la 
terminación de la guerra, la Argentina y el Paraguay, 
con las apariencias de un derecho que les daba sólo la 
vecindad, incluyeron el Chaco Boreal hasta Bahía Negra, 
en su disputa de dominio que, en el más disculpable de 
los casos, debió reducirse únicamente al Chaco Central ; 
y después de adjudicarse mutuamente, el Chaco Central 
para la Argentina, y el Chaco Boreal comprendido entre 
Bahía Negra y el río Verde, para el Paraguay, acor- 
daron suscribir el tratado de arbitraje de 3 de febrero 
de 1876, sometiendo la cuestión, ya limitada al territorio 
intermedio, entre los ríos Verde y Pilcomayo, a la deci- 
sión del Presidente de los Estados Unidos; y éste, que 
entonces era Mr. Rutherford B. Mayes, aceptó la comi- 
sión en marzo de 1877, y laudó el litigio en noviembre 
de 1878 en favor de la República del Paraguay; como 
si, al proceder así, se hubiera concretado a considerar 
dos pretensiones antagónicas deficientes, y aceptar, entre 
ambas, la que a su juicio resultaba menos mala; pues el 
título de propiedad del verdadero señor y dueño del terri- 
torio — Bolivia — no había sido exhibido ante el juez. 
Felizmente, la integridad de los derechos de • Bolivia 




Lo que pretende ser 



quedó a salvo en tan antojadizo diferencio, mediante el 
protocolo adicional que, con la misma fecha del tratado, 
suscribieron los negociadores argentino y paraguayo, de- 
clarando que "las Partes Contratantes convienen en sal- 
var los derechos que la República de Bolivia alega a 
alguno de los territorios que han sido materia de la pre- 
sente negociación" . Y con posterioridad a esta declara- 
ción, y antes de que se produjera el fallo arbitral, el 
Gobierno boliviano, por su parte, hizo circular en todo el 
Continente, con fecha i.° de abril de 1878, la enérgica, 
protesta expositora de sus derechos, cuyo encabezamiento 
¿jijee : — £ " Memorándum qite o 'ftowhre ■ de su Gobierno 
dirige el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia 
a los Excelentísimos Gobiernos de América". 

Ya en 1866, cuando Bolivia tuvo conocimiento de 
que en la primera parte del artículo 16. del tratado 
secreto de la Triple Alianza, se había establecido que 
"la República Argentina se dividirá de la República del 
Paraguay por los ríos Paraná y Paraguay, hasta la con- 
currencia de los límites del Imperio del Brasil, siendo 
éstos sobre la margen derecha del río Paraguay, la Bahía 
Negra", la Cancillería boliviana dirigió, con- fecha 6 de 
julio de 1866, una reclamación a los Gobiernos aliados, 
habiendo obtenido amplias explicaciones y la confirma- 
ción de las notas reversales en las que consta que dicho 
artículo 16° "no perjudicaba a cualesquier reclamaciones 
que haga la República de Bolivia de territorios en la 
margen derecha del río Paraguay" . 

Pasado este incidente, que es digno de un comen-- 
tarjo más extenso, adviértase que los derechos bolivia- 
nos sobre la totalidad de los dos Chacos, continuaron a 
tal punto latentes, que fué indispensable que la República 
Argentina, en virtud de tratados de límites posteriores y 
en la misma forma que si no hubiera existido su pacto 
con el Paraguay de 1876, obtuviera la potestativa conce- 
sión de Bolivia, para entrar legítimamente en posesión 
del Chaco Central. 

Antes de seguir adelante, en la exposición del litigio 
circunscrito sólo al Paraguay y Bolivia, permítasenos 
reseñar rápidamente el gradual avance de la invasión 
paraguaya en el Chaco, teniendo en cuenta que ella fué 
iniciada en la sexta década del siglo anterior, o sea, cua- 
renta años después del uti possidetis de 1810. No puede, 
pues, esa ocupación constituir un título de propiedad 
sobre las" tierras de la heredad de Charcas. 



B O L I V I A - P A R A O U A Y 



7 




Villa Burdeos fué fundada por orden del Dictador 
López, en 1854; restablecida en el año siguiente con el 
nombre de Nueva Burdeos y llamada, desde 1859, Villa 
Occidental, para cambiar nuevamente su denominación 
por la de Villa Hayes, en recuerdo del arbitro que deci- 
dió el observado litigio argentino-paraguayo. En 1887, 
la República del Paraguay extiende la ocupación, hasta 
cerca de Bahía Negra o Puerto Pácheco y funda forti- 
nes militares a lo largo del río. En 1888 invade Puerto 
Pacheco y desaloja a los pocos empleados de la aduana 
boliviana, enarbolando la bandera paraguaya en reem- 
plazo de la del país invadido. Y desde entonces comienza 
la venta, en pública subasta, de las tierras detentadas, 
penetrando al interior del territorio, por medio de peque- 
ños ferrocarriles que construye el interés privado del 
colono extranjero y que son destinados especialmente a 
la explotación del quebracho y accidentalmente a la in- 
dustria ganadera. Finalmente, en 1914, deja establecida, 
casi en el corazón del Chaco Boliviano, la primera colo- 
nia Mennonita, tan exótica allí, como las empresas ex- 
tranjeras adquirientes de todo el resto de la región 
usurpada. 



Bolivia, por su parte, sin necesidad de ocurrir en un 
principio a medios militares, por lo mismo que sólo hacía 
efectiva la ocupación del territorio ele su propia juris- 
dicción, organizó expediciones exploradoras, estudió la 
navegación fluvial, abrió caminos, estimuló los reconoci- 
mientos científicos, fomentó las misiones religiosas y 
fundó centros de educación en medio de las tribus sal- 
vajes." Citemos sólo a pionniers y hombres de ciencia 
como Magariños (1843), Rivas (1864), Suárez Arana 
(1875-1888), Creveaux (1882), Campos, que a la cabeza 
de una columna expedicionaria llegó hasta la Asunción 
(1884), Thouar (1887), Romero Obando, Trigo, los mi- 
sioneros franciscanos y, posteriormente, todos los funda- 
dores de fortines y centros ganaderos a lo largo del río 
Pilcomayo y en el interior del territorio. 



8 



El Desacuerdo y el Conflicto 



Llegamos ya al proceso diplomático. 

Consecuentes con su política pacifista y conciliadora, 
los Gobiernos de Bolivia se esforzaron mucho, en un 
principio, para establecer relaciones con los del Paraguay, 
y durante las controversias de límites, iniciadas recién 
en el año 1879 ( !), no sólo pasaron de la equidad a 
la tolerancia, sino que, ante el irreductible deseo de ex- 
pansión de su convaleciente vecino, llegaron a extremar 
su generosidad hasta el gravísimo descuido del futuro 
desenvolvimiento de la Patria. Hicieron .proposiciones 
múltiples de arreglo ; manifestaron en forma clara las 
ventajas y el provecho positivo que reportaría a aquel 
país el encauce del comercio boliviano oriental por el río 
divisorio ; invocaron la conveniencia de la armonía, la 
comunidad de origen y destino, los beneficios de la coo- 
peración y las sólidas vinculaciones del intercambio. 
Todo fué inútil. Las misiones diplomáticas y los suce- 
sivos proyectos de tratado, no hacían más que avivar la 
ambición paraguaya y estimular gradualmente las exi- 
gencias inconsultas de la Cancillería de Asunción. Y 
entre tanto, nuestros territorios del Oriente y el Sudeste 
languidecían cada vez más, esperando que un arreglo 
mutuamente ventajoso, suprimiera la clausura arbitraria 
y devolviera a P>olivia, siquiera una mitad de la margen 
derecha del río Paraguay, aún con evidente sacrifiicio de 
sus derechos sobre la totalidad de aquella margen com- 
prendida entre la boca del Pilcomayo y Bahía Negra o 
Puerto Pacheco. 

La República del Paraguay fué tan reacia a la fra- 
ternidad y cooperación americanas durante las primeras 
décadas de su vida independiente, que, cuando el Liber- 
tador Bolívar envío al Capitán Ruiz, como emisario ante 
el Dictador Francia, éste se negó a recibirlo, notificán- 
dole que abandonara la Asunción el mismo día de su 
arribo. Y en 1864, cuando el Gobierno del General Achá 
juzgó conveniente acreditar la misión diplomática con- 
fiada a don Aniceto Arce, el Dictador López, como su 
antecesor omnímodo, se negó también a atenderla. Por 
algo, años más tarde, con el propósito ele justificar la 
guerra que asoló al Paraguay, los escritores rioplatenses 
llamaban a ese país "la China Americana". 

Por fin, en 1879, se firmó el primer tratado boli- 
viano-paraguayo entre los Plenipotenciarios Quijarro y 
Decud, como una imposición de la angustiosa situación 
de Bolivia, que se hallaba ya empeñada en la guerra con 
Chile y que no pudo menos que aceptar la división del 
Chaco por el paralelo 22 o 05', que corresponde a la des- 
embocadura del río Apá. Este pacto internacional, no 
fué siquiera sometido a la consideración del Poder Le- 
gislativo paraguayo, en tanto que la Convención Nacio- 
nal boliviana de 1881, la aprobaba con una modificación 
que, formulada posteriormente por el Ministro Caballero, 
ante el Gobierno del Paraguay, consistía en la fijación 
del paralelo 22 o , hasta la intersección de éste con el me- 
ridiano 62 o 30', desde donde partiría una línea geodésica 
directa para encontrar el punto de intersección del río 
Pilcomayo con el paralelo 24 o . Pero, como esta modifi- 
cación fué obstruida por el protocolo de aplazamiento del 
asunto en 1883, el Legislativo boliviano de 1886 derogó 
la modificación y se redujo a aprobar simple y llana- 
mente el tratado primitivo, a fin de facilitar los arreglos 
diplomáticos. 

El segundo tratado fué suscrito en 1887, en sustitu- 
ción del anterior, y acordando la división del territorio 
situado a la derecha del río Paraguay, en tres partes :— 
la primera, desde la boca del Pilcomayo hasta la del río 
Apá (22° 05'), extendida por el Occidente hasta el meri- 
diano 63 o de París, quedaba reconocida como pertene- 



ciente al Paraguay; la segunda, desde la boca del Apá 
hasta el paralelo que pasa a una legua al Norte de Fuerte 
Olimpo y el mismo meridiano 63 o , debía ser sometida 
a la decisión arbitral del Rey de Bélgica; y la tercera, 
desde la latitud indicada anteriormente hasta la Bahía 
Negra o Puerto Pacheco, reconocida definitivamente a 
Bolivia. Este nuevo pacto fué aprobado por el Congreso 
boliviano en 1888, no obstante las inmensas resistencias 
opuestas a él por la gran mayoría nacional, y mientras 
el Gobierno del Paraguay, sin acordarse de la ratificación 
ni de la aprobación legislativa del tratado, extendía, por 
el contrario, su jurisdicción hasta Bahía Negra, después 
de la toma violenta y la ocupación militar de Puerto 
Pacheco, y obrando así contra el mismo convenio inter- 
nacional en que había reconocido aquella región del río 
hasta el paralelo próximo a Fuerte Olimpo "como per- 
teneciente a la República de Bolivia". 

Producida la ruptura de relaciones diplomáticas en 
enero de 1890, previa la declaración que hizo el Encar- 
gado de Negocios de Bolivia señor Pinilla, sólo después 
de un año y medio, a fines de julio de 1891, volvió a 
proponerse por parte de Bolivia y mediante gestiones 
encomendadas al notable hombre público don Mariano 
Baptista, un nuevo arreglo del enojoso diferencio; pero 
esta buena intención, como las anteriores, tuvo que fra- 
casar, ante la sistemática política de suspicacias que ha 
caracterizado siempre a los Gobiernos del Paraguay. 

En 1894, merced a los buenos oficios de la Repú- 
blica del Uruguay, se reanudaron nuevamente aquellas 
relaciones y, con fecha 23 de noviembre del mismo año, 
quedó suscrito el tratado Ichazo-Benítez, cuya parte sus- 
tancial fija la línea divisoria entre ambos países con una 
~-"»ta que, partiendo de un punto situado a tres leguas" 
al Norte de Fuerte Olimpo, termine en la intersección 
del meridiano 61 o 28' de Greenwich con el río Pilcomayo. 
En vano constituyó Bolivia la misión confiada al señor 
Soria Galvarro para obtener del Paraguay la homologa- 
ción del pacto internacional ; pues una resolución legis- 
lativa de 19 de mayo de 1896, aplazó indefinidamente 
el asunto. 

Cuando el señor Aceval, signatario del tratado de 
1887, se hizo cargo de la Presidencia de la República 
del Paraguay (1898), el Gobierno de Bolivia ofreció al 
señor Quijarro la Agencia Confidencial en la Asunción; 
y el del Paraguay envió a La Paz, en el carácter de 
Ministro Plenipotenciario al señor Gondra (¡ésta era la 
primera vez que aquella República acreditaba una misión 
diplomática en Bolivia!) ; pero el señor Gondra no pre- 
sentó siquiera sus credenciales, so pretexto de que la 
Junta de Gobierno, que entonces regía los destinos del 
país, se encontraba accidentalmente en la cercana ciudad 
de Oruro ... El señor Quijarro no pudo constituirse 
en la Asunción hasta principios del año 1901, y, como 
se le observara que carecía de las credenciales de Pleni- 
potenciario, se redujo a pasar un Memorándum en que 
manifestaba la conveniencia de fijar el paralelo 22 o como 
límite definitivo. Las pretensiones del Paraguay no vaci- 
laron en ese entonces, por boca de su Canciller Flecha, 
en sostener que sus títulos llegaban hasta el río Parapití 
y el Sud de la actual provincia de Chiquitos, con inclu- 
sión de las lagunas Cáceres, Mandioré, Gaiba y libe- 
raba.... (!) Poco después, ante la grave cuestión del 
Acre, que agitaba profundamente a Bolivia, y con motivo 
del tratado de Petrópolis que le dió término en noviem- 
bre de 1903, el Gobierno paraguayo formuló en abril de 
1904, una extensa nota de reparos ante la Cancillería de 
Río Janeiro, sobre las estipulaciones referentes a la línea 
de frontera boliviano-brasileña, a partir de Bahía Negra. 



Bolivia-Paraguay 



9 



Ya en junio de 1903, se había constituido la segunda 
misión diplomática que acreditaba el Paraguay, enco- 
mendada al señor Cogorno, quien se limitó a pedir que 
Bolivia enviara a su país una Legación y considerara un 
proyecto de tratado para la formación de comisiones en- 
cargadas del estudio de títulos y del reconocimiento del 
territorio. . 

u» 

En 1905, a causa de la constitución de una comisión 
mixta argentino-paraguaya, para fijar el pretendido límite 
en el brazo principal del río Pilcomayo, el Gobierno de 
Bolivia formuló una reclamación por intermedio de sus 
respectivas Legaciones; y el señor Peña, tercer Pleni- 
potenciario acreditado por el Paraguay en Bolivia, re- 
clamaba, casi sumultáneamente, contra la fundación de 
fortines bolivianos a lo largo del mismo río Pilcomayo, 
Pero estos dos incidentes no tuvieron mayores consecuen- 
cias, en vista de que en esos mismos momentos se ini- 
ciaban nuevas gestiones diplomáticas en la Asunción, 
entre el Ministro boliviano señor Cano, el Plenipoten- 
ciario paraguayo ad hoc, señor Domínguez, y el Canciller 
de aquel país, señor Soler. Es obvio decir que, entonces, 
tampoco pudo llegarse a ningún acuerdo, no obstante de 
que el representante diplomático de Bolivia propuso dos 
nuevas líneas de delimitación. Aplazóse otra vez la con- 
troversia. 

Dos años después, en 1907, aprovechando la presen- 
cia del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
señor Pinilla, que se encontraba de paso en Buenos Ai- 
res, y la del Ministro de Hacienda y ex-Canciller para- 
guayo, señor Soler, que había ido desde la Asunción a 
■« gflujnigrrtQ ta into, el Canciller argentino, señor Zcb; , "<- 
invitó a ambos personajes a celebrar una conferencia 
amistosa para resolver la vieja cuestión de límites, y 
consiguió que ellos, munidos de los poderes respectivos, 
suscribieran el acuerdo de 12 de enero de aquel año, 
para someter el litigio al arbitraje del Presidente de la 
República Argentina, fijando la zona situada al Norte 
del paralelo 20 o 30', sin limitarla concretamente en su 
extremo septentrional y extendiéndola vagamente hasta 
la faja media entre los meridianos 61 o 30' y 62 o de Green- 
wich, con un statu-quo que consistía en no avanzar las 
posesiones existentes. 

Este desventurado acuerdo, que provocó la protesta 
general del pueblo boliviano, así como el público alborozo 
del paraguayo, fué, felizmente, declarado caduco por el 
Protocolo que en 5 de abril de 1913 suscribieron el Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores, señor Ayala, y el Pleni- 
potenciario boliviano, señor Mujía, que había reempla- 
zado al señor Cano en momentos en que éste, sorprendido 
por la muerte, truncaba las gestiones que había iniciado 
para obtener la caducidad. 

El señor Mujía, ha publicado un luminoso alegato 
en nueve volúmenes, que siempre será digno de consulta 
para la defensa de los derechos de Bolivia sobre el Chaco. 
Su presencia en la Asunción dejaba esperar, fundada- 
mente, la solución del ya enojoso problema internacional; 
pero el Plenipotenciario paraguayo, señor Moreno, que 
había sido designado ad-hoc para firmar con el Ministio 
boliviano el tratado definitivo que el pacto Ayala-Mujía 
contemplaba dentro del término de dos años, exigió que 
previamente se procediera a la mutua presentación de las 
exposiciones en que debía fundarse dicho tratado; y, en 
consecuencia, los alegatos contrapuestos fueron formu- 
lados de una y otra parte, consiguiéndose con este pro- 
cedimiento la preparación del arbitraje de derecho que 
establece el artículo 3.°, pero con evidente perjuicio del 



artículo 2." que prescribe la preferencia de un arreglo 
directo "teniéndose en cuenta las conveniencias comercia- 
les de ambos países". Vencido en 191 5 el plazo esta- 
blecido para negociar el tratado definitivo, se acordó una 
primera prórroga hasta 1916, y luego otra, hasta el año 
siguiente. En estas circunstancias el señor Mujía fué 
trasladado a La Paz con el carácter de Ministro de Re- 
laciones Exteriores y, por este motivo, el señor Moreno 
fué acreditado por su gobierno ante el de Bolivia en 
1918. Renacía la esperanza de un arreglo ; pero la ausen- 
cia del señor Moreno, que se dirigió a Chile después de 
suscribir un nuevo protocolo, aplazó por cuarta vez las 
gestiones. 

El señor Diez de Medina, como Embajador en el 
Paraguay, con motivo de la trasmisión del mando en 
1924, propuso la discusión del diferendo en Wáshington 
y su sometimiento al arbitraje del Presidente de los Es- 
tados Unidos, en caso de un desacuerdo. Y el señor 
Alvéstegui, que reemplazó, al anterior en 1925, con el 
propósito de gestionar un tratado conforme con las su- 
gestiones del señor Medina, regresó a Bolivia después 
de cuatro meses de inútil espera. El mismo año el señor 
López Decoud, acreditado ante el Gobierno boliviano, se 
redujo a manifestar en La Paz que las gestiones debían 
hacerse necesariamente en Buenos Aires. 



Con el antecedente de que en 1924 los gobiernos de 
Bolivia y el Paraguay habían aceptado para un momento 
oportuno los buenos oficios que la Répú&iíea Argentina 
les ofreciera, la Cancillería de este país aprovechó en 
1927 la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores 
de líolivia señor Alberto Gutiérrez y la del prestigioso 
hombre público paraguayo señor Lizandro Díaz León, 
munido, con este motivo, de las credenciales de Plenipo- 
tenciario ad-hoc, y obtuvo que ambos personajes inicia- 
ran conversaciones que dieron como resultado el Proto- 
colo suscrito en Buenos Aires, el 22 de abril de aquel 
año, acordando : — reiterar la aceptación de los buenos 
oficios de la Argentina ; designar plenipotenciarios que 
se reunirían en Buenos Aires, para fijar las materias 
que serían objeto de sus deliberaciones, pudiendo incluir 
en sus alegaciones sobre la demarcaciem de la línea de 
frontera, además de los títulos o antecedentes del res- 
pectivo derecho, términos de transacción o de equivalen- 
cias territoriales ; hacer constar, en su caso, los motivos 
de disentimiento y fijar la zona determinada sobre la cual 
debía recaer el fallo de un tribunal arbitral designado 
de común acuerdo ; y comunicar los resultados, a la vez 
que a los gobiernos interesados, al de la República Ar- 
gentina, bajo cuyos auspicios se celebrarían las confe- 
rencias. 

A fines de aquel mismo año (1927), se reunieron 
en Buenos Aires las Delegaciones de Plenipotenciarios 
que los Gobiernos boliviano y paraguayo constituyeron 
para el efecto. La primera, estaba compuesta de los seño- 
res Escalier, Sánchez Bustamante, Mujía, Gutiérrez y 
Blanco Galindo, asesorados por clon Daniel Salamanca; 
y la segunda, de los señores Ayala, Guggiari, Chávez, 
Moreno y Domínguez. El representante de la República 
Argentina era el señor Ruiz Moreno, con el carácter de 
"observador". 

Como los puntos de vista de las Delegaciones no pu- 
dieron armonizarse, fué indispensable suspender las con- 



10 



El Desacuerdo y el Conflicto 



ferencias en los primeros días de 1928, aplazándolas para 
el mes de agosto, en que se reanudaron con la concu- 
rrencia de los delegados bolivianos Sánchez Bustamante 
y Elío, y los consejeros Alvéstegui y Mercado, y de los 
delegados paraguayos Ayala, que estuvo sólo pocos días, 
Zubizarreta, Moreno, Chávez y Domínguez. 

El Observador argentino, señor Ruiz Moreno, pro- 
curando evitar los "impases" que se oponían a un con- 
venio mutuamente satisfactorio, propuso, con la autori- 
zación de su Gobierno, la adopción de un acta de conclu- 
siones en que las dos Comisiones de Plenipotenciarios 
declarasen : — que la terminación del diferendo deberá 
fundarse en el uti possidetis de 1810; que, si no fuera 
posible arribar a un acuerdo directo, será menester con- 
venir las bases de un arbitraje de derecho; que los avan- 
ces que uno u otro país hubieren efectuado, han creado 
una situación de hecho, que no da ningún derecho ni 
podrá ser alegada ante el árbitro, en su caso, como base 
de sus pretensiones; y que, en virtud del estado en que 
se encuentran las negociaciones, remiten a las Cancille- 
rías respectivas la continuación de las mismas. 

Al aceptar esta sugestión, los Plenipotenciarios boli- 
vianos dejaron constancia de que Bolivia mantiene inal- 
terable su criterio sobre las zonas de arbitraje derogadas 
por mutuo convenio en 1913 y sobre el statu-quo de po- 
sesiones pactado en 1907; que estiman necesario el estu- 
dio de nuevas estipulaciones; que el arbitraje no puede 
ser indeterminado, sino sobre zonas demarcadas de co- 
mún acuerdo; y que, habiéndose proclamado por ambas 
partes el arbitraje juris, ninguna posesión podrá preva- 
lecer contra los títulos emanados de la Corona de España. 

En cambio, los Plenipotenciarios paraguayos, acep- 
taron la fórmula sugerida por el Obser v audí - arg.cu u .•.<•• , 
sólo en lo relativo al arbitraje y al uti possidetis de 1810, 
negándose a dar su conformidad al punto referente a 
los avances y a la situación de hecho, porque los Boli- 
vianos le atribuían a éste el valor de una condenación de 
los actos meramente posesorios. Entraron en otro género 
de disquisiciones sobre la vigencia del statu-quo pactado 
en 1907, ya que no se había acordado un nuevo modus 
vivendi, y sobre el abandono de los fortines fundados con 
posterioridad, que los bolivianos querían sustituir con la 
desmilitarización o la reducción y equivalencia de las 
fuerzas militares de los puntos avanzados; y aseguraron 
que habían desestimado la proposición boliviana de limi- 
tar la zona del arbitraje, al territorio comprendido entre 
el paralelo de la desembocadura del río Apá, el meridiano 
59° de rCreenwich y el vértice formado por los ríos 
Pilcomayo y Paraguay. 

De la comparación minuciosa de estos puntos de 
vista, fijados con amplitud en el acta final de las confe- 
rencias de Buenos Aires (8 de septiembre de 1928), se 
desprende que la República del Paraguay, aferrándose 
en la pretensión de revalidar un protocolo que, como el 
Pinilla-Soler, de 12 de enero de 1907, fué declarado 
caduco por el de 5 de abril de 1913, trataba de dar fir- 
meza a un statu-quo que luego le permitiría, como la 
estaca del cuento, sentar la premisa de que las ocupa- 
ciones paraguayas pueden prevalecer contra los derechos 
bolivianos, y proclamar la doctrina y el precedente fu- 
nesto en que podrían fundarse, hoy las colonizaciones 
clandestinas de fácil acceso por territorio ajeno, y ma- 
ñana, las invasiones de pueblos extraños a la convivencia 
armónica de estos países consanguíneos. 

Es inútil decir que, en tanto que las declaraciones 
_de los Plenipotenciarios bolivianos se encontraban de per- 



fecto acuerdo con la sugestión argentina, los reparos 
puestos por los paraguayos a su aceptación completa, 
causaron su fracaso. Sinembargo, al finalizar el acta 
mencionada, las Delegaciones de ambos países convinie- 
ron en declarar que "el litigio no será resuelto sino por 
medios pacíficos, salvo el caso de legítima defensa". 

Y en completa contradicción con estas frases, la Re- 
pública del Paraguay, presidida actualmente por uno de 
sus personeros en las conferencias de Buenos Aires, 

ordena el avance de sus milicias situadas en el Fortín 
Galpón, y el ataque alevoso de 5 de diciembre último, 

contra el fortín boliviano Vanguardia, que se encontraba 
defendido por la escasa guarnición de 43 individuos ! . . . 
No tuvo en cuenta, siquiera, que aquel punto está ubi- 
cado al Norte, lejos de Bahía Negra, extrema pretensión 
paraguaya en las tierras ribereñas del río divisorio y 
punto reconocido como boliviano por todos los pactos 
internacionales y aún por el mismo protocolo de 1907, 
que tan acomodaticiamente invocan, todavía los negocia- 
dores paraguayos. 

La noticia de esta agresión inmotivada, causó una 
verdadera conmoción en todos los ámbitos del territorio 
boliviano. Más de 200,000 hombres se dispusieron a 
tomar las armas para castigar la ofensa inferida al honor 
nacional. Los campos de aquella región estaban inunda- 
dos por las lluvias, y las guarniciones vecinas se vieron 
en la imposibilidad de tomar una justa represalia por 
ese lado, limitándose a ocupar nuevamente el fortín, que 
había sido incendiado y convertido en ruinas antes de su 
abandono y de la captura de los 23 soldados sobrevivien- 
tes : pero los destacamentos del Pilcomayo, que fueron 
iriTorrrraüos de aquel ataque sorpresivo, avanzaron sus 
posiciones el día 14 del mismo mes y como legítima re- 
presalia, capturaron simultáneamente los fortines para- 
guayos Boquerón y Mariscal López, después de sangrien- 
tos combates. 

La intervención del Consejo de la Liga de las Na- 
ciones y la de la Conferencia de Conciliación y Arbitraje 
reunida en Wáshington, evitó mayores daños, y una se- 
rena expectativa contuvo los progresos del conflicto. 

El Paraguay había trasladado ya su Estado Mayor 
General y su Colegio Militar a Concepción y movilizaba 
apresuradamente sus reservas. 

Aceptados los buenos oficios de la Conferencia de 
Wáshington,' los representantes diplomáticos del Para- 
guay y Bolivia, con la intervención del Presidente de 
aquella entidad internacional, acaban de suscribir el Pro- 
tocolo de 3 del mes en curso, en cuya virtud se organiza 
actualmente una comisión compuesta de dos delegados 
bolivianos y dos paraguayos y de los que designen lis- 
tados Unidos, Méjico, Colombia, el Uruguay y Cuba, 
para investigar los sucesos últimos y determinar cuál de 
los dos países ha promovido el cambio operado en las 
relaciones pacíficas de ambos ; presentando posteriormente 
una proposición de arreglo amistoso o fijando las res- 
ponsabilidades, de acuerdo con el derecho internacional, 
y quedando entendido que el procedimiento no debe in- 
cluir cuestiones territoriales, según el criterio boliviano, 
o cuestiones de fronteras, según el paraguayo, ni debe 
afectar los acuerdos existentes. Entre tanto, cesan las 
hostilidades y se suspende toda concentración de tropas 
en lugares donde hay contacto de puestos avanzados. 



Bolivia-Paraguay 



11 



La circular del Ministro de Relaciones Exteriores, 
don Tomás Manuel Elío, de fecha 8 del presente mes, 
declara que Bolivia sostiene en su integridad sus dere- 
chos sobre el Chaco y que se encuentra dispuesta a some- 
ter el litigio a la decisión de un arbitraje juris, previa la 
fijación de la zona territorial conforme al Protocolo vi- 
gente de 1927, e indicando, desde luego, la Corte Perma- 
nente de Justicia Internacional de La Haya. 



Estamos, pues, en el punto de partida. Los pactos 
diplomáticos revocados sucesivamente, antes de merecer 
la sanción de los pueblos, y las expectativas estimuladas 
por el amor a la patria, deben dejar el campo a la apre- 
ciación imparcial de las alegaciones en pugna y al fallo 
inapelable de un árbitro justiciero. 

José AGUIRRE ACHÁ. 
La Paz, 15 de enero de 1929. 





ESCUDO DE ARMAS DE LA PLATA O CHARCAS 



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